Sobornos, planteos, clausuras y sedición

"Que por su actuación en cuestiones de notoriedad general el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires ha perdido la confianza pública y en tales condiciones es imposible que pueda realizar una gestión eficaz en los asuntos que le ha confiado la ley;

"Que varios de sus componentes han sido implicados en incorrecciones y aun en delitos cuyo esclarecimiento está pendiente de la justicia, actos éstos cometidos con abuso de las prerrogativas que les confería su investidura;

"Que si bien la honorabilidad personal de otros de sus miembros no puede considerarse de ningún modo afectada por estos actos, es indudable que ellos no han ejercido con la debida diligencia y energía las atribuciones de contralor que debieron poner en movimiento para la defensa de los prestigios del cuerpo;

"Que, además, ha existido y existe una visible tendencia de la rama deliberativa de la administración comunal a extralimitar sus funciones propias, con olvido que la misma fue concedida cuidando "de no dar a la Municipalidad ingerencia alguna en el gobierno político, para que esta institución permanezca siempre dentro de la órbita policial en que ha de prestar servicios incalculables e indispensables" (Informe de la Comisión del Congreso Constituyente de 1853);

"Que los precedentes muestran que los concejos municipales de esta Capital han debido ser disueltos en diversas oportunidades, por una u otra razón, lo cual puede indicar que existen deficiencias fundamentales inherentes al sistema mismo de su organización e impone la necesidad de realizar un nuevo estudio a fondo de la cuestión a fin de establecer cuáles son las fallas y cuáles los perfeccionamientos posibles;

"Que en el último período de sesiones legislativas, fueron presentados, en la H. Cámara de Diputados de la Nación, dos proyectos de ley sobre disolución del Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, fundados en razones de índole moral, que esperan la consideración de aquel cuerpo;

"Que en tanto el Congreso de la Nación considere las reformas del actual régimen municipal adecuadas para concluir con los defectos que revela, el Presidente de la Nación, en uso de las facultades que consagra el art. 86, inc. 3º de la Constitución Nacional, como jefe inmediato y local de la Capital de la Nación, a quien corresponde su gobierno político, puede y debe intervenir en procura del establecimiento de los principios institucionales y de moral pública comprometidos.

Aunque perfectamente aplicables al actual Senado de la Nación, los que preceden son los considerandos del decreto Nº 102.843 del 10 de octubre de 1941 mediante el cual el presidente Ramón S. Castillo y sus ministros disolvieron el Concejo Deliberante por los sobornos que recibieron los ediles radicales y antipersonalistas por parte del consorcio SOFINA para extender las concesiones a la CADE y por las exacciones a las líneas de colectivos para mantener sus recorridos.

En Conflictos y Armonías en la Historia Argentina dice Félix Luna que "de Castillo podían decirse muchas cosa, pero nadie negó jamás su integridad. Podía ser el gran cómplice del fraude electoral, pero de ninguna manera un funcionario deshonesto".

El fraude es falsear la voluntad popular expresada en las urnas, por lo que no se puede ser honesto y a la vez fraudulento. Por otra parte, Castillo no dispuso la clausura del Concejo Deliberante en un rapto de honestidad sino que lo hizo ante el planteo que, en nombre del Ejército, le hicieron el coronel Savio y los tenientes coroneles Antonietti, Lucero, Mittelbach, Sauri, Sosa y Tauber.

Además de la disolución del Concejo Deliberante, el planteo militar incluía los siguientes puntos:

1. Postergación indefinida de las elecciones anunciadas en las tres provincias intervenidas,
2. Retiro del general Justo de la actividad política,
3. Renuncia de los ministros de Guerra, Agricultura e Interior
4. Mantenimiento de una política de rigurosa neutralidad.
5. Proclamación del estado de sitio.
6. Disolución del Congreso Nacional,
7. Clausura del diario "Crítica" y de otros periódicos.

El pedido de postergación de las elecciones provinciales tenía el objetivo de evitar fraudes electorales, cuando más fácil hubiera sido no permitirlos.

La exigencia del retiro de Justo de la actividad política se debía a su posición favorable a los aliados y a sus aspiraciones a una segunda presidencia, y las renuncias de. Tonazzi, Amadeo Videla y Culaciati se reclamaban por ser los ministros más allegados a aquél.

La imposición del estado de sitio tenía el propósito de impedir los actos en los que Acción Argentina y los partidos políticos acusaban a los militares de traidores. Ante la declaración de guerra de los Estados Unidos a los países del Eje, el 16 de diciembre del mismo año, Castillo, en acuerdo de ministros, declaró el estado de sitio sin término en todo el país "para que nadie hable mal de nadie".

Ante la pregunta de los periodistas si el estado de sitio había sido resuelto por unanimidad, Castillo socarrónamente respondió con una frase que se hizo célebre: "Sí, por unanimidad de uno: del presidente que es quien manda".

Se exigía la clausura de los periódicos y la disolución del Congreso Nacional por sus ataques al Ejército. Castillo se negó a disolver el Congreso aconsejándoles a los autores del planteo "Manejémonos con nuestra Constitución, que es la más sabia del mundo porque uno hace con ella lo que quiere".

Con esas medidas, con la creación de la Flota Mercante del Estado y de la Dirección General de Fabricaciones Militares, Castillo había conseguido la solidaridad de los militares, especialmente de los considerados nacionalistas.

Poco tiempo después falleció Marcelo T. de Alvear, lo que descabezó a la Unión Cívica Radical;
el presidente Roberto M. Ortiz elevó su renuncia definitiva y murió poco después lo que le permitió a Castillo acceder a la presidencia de la Nación, y pereció el general Agustín P. Justo.

La suerte parecía sonreirle a Castillo pero cometió el error de dar "la media palabra" (o "aplicar el dedazo") en favor de la candidatura presidencial de Robustiano Patrón Costas, la que pensaba imponer mediante el fraude.

El Ejército, ante las inclinaciones aliadófilas del candidato y no queriendo continuar siendo instrumento o cómplice del fraude, depuso a Castillo el 4 de junio de 1943, el mismo día en que –ironía del destino– Patrón Costas debía dar el discurso de aceptación de su candidatura.

                                                                                                                            Carlos A. Manus
                                                                                                                             Octubre 30, 2000

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